La reciente detención de dos familiares directos de la primera dama de Venezuela por actividades de narcotráfico internacional, se puede interpretar como una clara señal de la penetración de una amplia red en el poder político y económico de la nueva clase dominante en Venezuela.
En algunas de las Ex Repúblicas Soviéticas se han instaurado nuevas formas de gobierno e instituciones que surgieron a partir de sus revoluciones. Tales gobiernos presentan algunas debilidades en cuanto a la solidez de su estado de derecho, así como de sus sistemas de contraloría, dejando el control de la institucionalidad del estado en manos de las nuevas élites, algunas corruptas y con poca formación política que vieron en el manejo del estado grandes oportunidades de enriquecimiento. Estas son llamadas en algunos casos “Estados Mafiosos”.
Estos “estados” son controlados por una pequeña élite que puede estar conformada por familias dominantes (estilo la Cosa Nostra) o pequeños grupos de poder que se identifican con un “Poligarca”, que se define como un oligarca con poder político y gran poder económico oculto a través de testaferros, o una mezcla de estos.
Es claro que la familia presidencial, el presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores, representan una dupla familiar que concentra una importante parte del poder político nacional. También, podemos identificar al presidente de la Asamblea Nacional (Diosdado Cabello) como otro actor que controla una significativa parcela del poder político en el país. Asimismo, podríamos mencionar unos cuantos nombres más de personas conocidas que forman parte de ese poder en el país. Sin embargo, ese grupo no es muy numeroso ya que este tipo de gobiernos lo que busca es la concentración y centralización del poder como política de estado.
Venezuela está hoy identificada como unos de los países claves en el tráfico internacional de drogas. No es productor ni gran consumidor, pero su posición geopolítica es ideal para fungir como país de tránsito hacia los principales mercados mundiales.
Uno de los principales indicadores, es el masivo aumento en el registro de trazas de vuelos ilegales dentro del territorio nacional en los últimos 10 años. Vuelos que antes se originaban en el territorio colombiano, han conseguido facilidades comparativas en los estados fronterizos como Barinas y Apure, frente a la presión de las autoridades del vecino país. Es también notorio que la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) reporta un aumento del número procedimientos y cantidad de droga incautada desde la expulsión de la DEA del país por parte del Presidente Chávez, hace ya una década. Es reconocido por todas las agencias internacionales que por cada alijo incautado, otros 9 pasaron sin detección en el mejor escenario de control.
Antecedentes como el caso de vuelo de Air France en Septiembre 2013, con casi tonelada y media de cocaína (1.378 kgs.) que terminó en suelo francés, refuerza la percepción de la población en general sobre la corrupción en las FABN y su nivel de involucramiento en lucrativo negocio del narcotráfico. En la última encuesta realizada por el Observatorio de Delito Organizado, el 62% de los venezolanos piensan que las FAB están corrompidas por el narcotráfico.
Este último caso, con cerca de una tonelada de cocaína (800 Kgs.) debe ser considerado en su justa dimensión. Los indiciados alegaron inmunidad diplomática, debido a sus claros vínculos filiales con la familia presidencial. Viajaban en un avión privado, de una compañía reconocida en el país, los dueños de esta mantienen grandes contrataciones en diversos campos con el gobierno nacional. Los dos jóvenes ahora esperan juicio en una corte federal en los Estados Unidos. Algunos medios reportan que estos estarían dispuestos a declarar sus vínculos y el origen de las drogas con importantes figuras de la política nacional. Estas serían acusaciones muy graves que allanaría el camino para llevar a juicio importantes figuras políticas venezolanas que diversos medios y publicaciones vinculan con el narcotráfico internacional.
En todo caso, es claro que deben existir otros operadores detrás de una operación que puede tener un valor de mercado negro de cerca 160 millones de dólares (calculados a $200 por gramo de cocaína en el mercado al detal en Estados Unidos).
La pregunta que nos hacemos es: Si Venezuela empieza a parecerse a esos “Estados Mafiosos”, que considera que participar en el gobierno es una oportunidad para desarrollar negocios ilegales. Este caso toca muy de cerca a la familia presidencial, y aunque no tengan ninguna conexión directa, lo que queda claro es que es crucial mantener una firme vigilancia de las personas que están relacionadas filialmente con los principales cargos en la Administración Pública.
