La gravedad de lo que el país está viviendo en materia de violencia criminal, quedó plasmada esta semana cuando luego de varios días, un extraordinario operativo militar y policial, le dio muerte al líder de la denominada banda “El Picure”, José Antonio Tovar Colina, así como a varios de sus integrantes.
Indudablemente, una acción exitosa por parte de los cuerpos de seguridad del estado. Sin embargo, es evidente la consolidación de las denominadas “megabandas”, como grupos de delincuencia organizada que en definitiva, se erigen como una amenaza real a la estabilidad política y social de nuestro país.
Para Luis Cedeño, sociólogo director de Paz Activa y del Observatorio de Delito Organizado: “El hecho de que haya muerto la cabeza de esta banda (El Picure), no quiere decir que esta desaparezca. Probablemente va a haber un relevo en cuanto al liderazgo porque son estructuras creadas a largo plazo”. Afirma que “a lo largo del tiempo se ha generado una alianza y una estructura organizativa entre las bandas del país, que garantizan su supervivencia”.
“Las Fuerzas Armadas se han conseguido con pequeñas milicias muy bien organizadas y con un poder de fuego que representan un contrapeso a las fuerzas regulares, cuentan con recursos humanos y financieros para mantener unidades operativas de alta movilidad y flexibilidad en su desempeño que las hacen polivalentes en los diversos escenarios en que operan; desde un secuestro, hasta un asalto a una comisaría o punto de control militar con gran eficacia”, resalta Cedeño.
En un trabajo realizado por el periodista Javier Ignacio Mayorca para el Observatorio de Delito Organizado, el estudioso del tema resalta “que los‘toques de queda’ eran anteriormente una de las expresiones más palpables del monopolio de la fuerza reservado al Estado a través de sus instituciones castrenses. En Venezuela, los hubo en febrero de 1989 luego de los disturbios conocidos como el “Caracazo”; e igualmente luego después de las intentonas golpistas de febrero y noviembre de 1992. También durante la crisis política posterior al a los sucesos del 11 de abril de 2002. En todos estos casos, fueron ordenados por el Presidente de la República y ejecutados por el ministerio de la Defensa. Sin embargo, los de 2016 (En Tumeremo y Maracay – 4 febrero 2016) fueron implantados por organizaciones delictivas y se cumplieron”, precisa Mayorca.
Otro aspecto revelador que desarrolla Javier Ignacio Mayorca, es la reseña de un artículo de John P. Sullivan, donde éste señala que las insurgencias criminales “desafían al Estado generando violencia criminal de alta intensidad que erosiona la legitimidad y la solvencia de las instituciones”. Este articulista del Small Wars Journal estableció cuatro fases o niveles de estos procesos:
- Comienzan como insurgencias locales
- Intentan instaurar un Estado paralelo
- Combaten al Estado
- Implosión estatal. El Estado pierde la capacidad para contener a estas fuerzas criminales, como ocurrió en Guinea Bissau.
En este sentido Javier Ignacio Mayorca se pregunta: ¿En qué fase de este proceso se encuentra Venezuela? ¿Dónde están y quiénes son los principales actores de esta “insurgencia criminal”?
Mayorca, indica que algunos hitos de los procesos de gestación de una insurgencia criminal como la que vive el país son tan escandalosos y evidentes, que han sido reportados a través de los medios convencionales y electrónicos, aún en condiciones de alta censura y control como los que caracterizan a la actualidad venezolana. Pero no todos son registrados, ni siquiera denunciados formalmente. “El rezago es una de las características del accionar de los cuerpos de seguridad venezolanos. Ya sea por desconfianza de la ciudadanía, negligencia, descuido o incluso complicidad con factores delictivos por parte de policías y militares, lo cierto es que cuando las investigaciones comienzan los procesos de insurgencia criminal llevan unos pasos adelante”, apunta el periodista.
“Es fundamental un accionar firme en contra de las megabandas pero con respeto a sus Derechos Humanos. Las FANB se declaran en guerra contra un enemigo interno, donde el objetivo que se traza es la eliminación física del mismo. Es una política de mano dura, que aunque sea aplaudida por algunos y genere réditos políticos, establece un peligroso precedente para futuros planes de seguridad ciudadana”. Finaliza Cedeño sobre el enfoque que debe corregirse a corto plazo.
El Observatorio de Delito Organizado, interesado en el desarrollo de todas aquellas actividades relacionadas con el crimen organizado, hace una llamada de atención para que la ciudadanía tome consciencia de la gravedad de la situación que vive Venezuela en cuanto a su política criminal, y sobretodo que las autoridades competentes tomen las medidas y acciones que les corresponden como fuerza pública para controlar y detener el desarrollo de esta “insurgencia criminal” que cada día gana más espacio en el país
