En cuanto al tipo de delito, encontramos que en los primeros meses de este año, el crimen organizado en Venezuela atacó principalmente a través de cuatro (4) tipos de delito, todos presentando más de 60 registros, una distribución homogénea y un porcentaje acumulado del 65,9% de los delitos cometidos se distribuyeron entre 4 delitos: Extorsión (17,5%), Tráfico de Drogas (17,3%), Contrabando (15,6%) y Sicariato (15,6%).
Por su parte el Delito Financiero se posicionó como el quinto delito más reseñado, tras superar por 0,7% a los 49 casos de Secuestro. Presentando un número de reportes considerablemente menor a los anteriores y acumulando entre todos ellos apenas el 9,5% de la muestra, se computaron 17 casos de Corrupción, nueve (9) casos tanto de Legitimación de Capitales como de Minería ilegal y cuatro (4) registros de Delitos Informáticos.
Resulta interesante destacar el hecho de que, si bien durante el año 2017 fue el sicariato el delito organizado reseñado por los medios con mayor frecuencia, ya para el último trimestre del año la extorsión se había convertido en el delito organizado más frecuente y el contrabando se encontraba ascendiendo hacia la cuarta posición. En ese sentido y, aunque en la Sección II se tratará el tema con mayor detenimiento, nótese en el Gráfico 4 el incremento porcentual bruto experimentado por delitos como el contrabando y el delito financiero durante el primer trimestre del 2018, alcanzando, según la tasa de variación anual un incremento del 611% y 2500%, respectivamente.
En este contexto, con el cierre casi definitivo de la frontera colombo-venezolana y, en medio de una economía formal prácticamente aniquilada, cada vez más personas utilizaron los estados fronterizos como una trocha hacia la riqueza fácil mediante la venta y reventa de todo tipo de productos, sobre todo aquellos subsidiados por el Estado Venezolano como combustibles y alimentos, a precios exorbitantes en moneda extranjera. Por su parte, el colapso de la moneda y la escasez de dinero en efectivo ha motivado un lucrativo negocio derivado de la venta de billetes dentro y fuera de nuestras fronteras, escudado, en parte, por la existencia de profundas lagunas legales en torno al delito de contrabando de dinero en efectivo, el cual, técnicamente, ni siquiera es un hecho punible en Venezuela.
Finalmente, el aumento vertiginoso en las tasas de inflación, de escasez de bienes, servicios y papel moneda, aunado a la existencia de una tasa de impunidad superior al 97%, ha servido como aliciente para la proliferación en el país del fraude y las estafas tanto a personas naturales como jurídicas, observándose una clara tendencia a la ostentación de falsos cargos en instituciones oficiales y/o acceso a programas y políticas sociales del Estado como señuelo, en el caso de las ofertas fraudulentas, y a la falsificación de transferencias bancarias electrónicas, en el caso de las compras fraudulentas.
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