- Paz Activa, como miembro activo de la sociedad civil organizada, sugiere a los candidatos promover algunas iniciativas en el caso de ganar un curul en los próximos comicios parlamentarios del 6D.
- «Con más recursos y políticas adecuadas Venezuela puede revertir la situación actual» Luis Cedeño, Director del Observatorio de Delito Organizado.
En estos últimos años hemos visto como la Asamblea Nacional de Venezuela, se ha convertido en una rama más del poder ejecutivo. Su independencia ha sido mutilada por leyes habilitantes que le permiten al Presidente y sus ministros, elaborar leyes en un contexto de crisis inminente o como consecuencia de una emergencia y/o desastre natural, como ya ocurrió en el año 2010 cuando se aprobó sin discusión en el Parlamento una Ley Habilitante para legislar la emergencia, usando como justificación las graves inundaciones ocurridas en varias regiones del país. El presidente Hugo Chávez, utilizó este método para aprobar leyes orgánicas que dieron paso al estado socialista, contradiciendo de esta manera, el espíritu de la Constitución de 1999, cuando Venezuela le dijo NO a la Reforma Constitucional propuesta por el Presidente Chávez y la Asamblea Nacional el 2 de diciembre del año 2007.
En este contexto, la Asamblea Nacional ha promovido muy pocas leyes que tratan la problemática de delincuencia en Venezuela. Éstas se han centrado en la reforma del sistema de policía a través de la Comisión Presidencial para la Reforma Policial (CONAREPOL, 2006); la promoción de mayores penas para delitos como el secuestro (Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, 2009) y la creación de nuevos delitos punibles por terrorismo contra el estado y el crimen organizado (Ley contra la Delincuencia Organizada y el Terrorismo, 2012).
Al hacer un balance vemos que aumentar las penas por delitos ha hecho muy poco por la reducción de crímenes graves, ya que se trata de un tema de impunidad en lugar del incremento de penas mayores. Las tasas de impunidad en Venezuela se ubican cerca de 90% en crímenes regulares, y casi el 95% por delitos graves como asesinatos y secuestros. También ha habido intentos de reformar el Código Orgánico Penal (COP) y el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) para introducir nuevas definiciones de delitos y el endurecimiento de los castigos o al contrario, la disminución de castigos y mayores beneficios procesales para reclusos. En definitiva, se hace evidente la ausencia de una estrategia clara de política criminal, dado que los esfuerzos no han frenado el avance de la criminalidad.
El principal problema es que a pesar de estas nuevas leyes, no se ha detenido el aumento de la criminalidad en el país. Por el contrario, las tasas de criminalidad siguen aumentando cada año. La razón de esto no yace en las leyes sino en la ejecución que hace el poder ejecutivo de las mismas. Es en este aspecto que la Asamblea Nacional tiene algo que decir sobre cómo el poder ejecutivo debe abordar el problema. Un tema central es el presupuesto. La escasa asignación de recursos para la lucha contra la delincuencia es –definitivamente- uno de los principales factores, siendo uno de los problemas que más afecta a los venezolanos según las empresas encuestadoras (Datanalisis, Datos, IVAD) y el motivo por el cual algunos venezolanos deciden migrar al extranjero.
Otro elemento significativo a considerar, es el costo económico de la delincuencia. Algunas estimaciones ubican la pérdida para la economía en un 30% del Producto Interno Bruto (PIB), debido a la actividad criminal. El hecho de que el presupuesto nacional destina menos del 1% al control de la criminalidad y la prevención (según la ONG Transparencia Venezuela) es un claro indicador de que existe poco interés o voluntad de revertir el aumento de la actividad criminal.
Paz Activa, como miembro activo de la sociedad civil organizada, sugiere a los candidatos promover las siguientes iniciativas en el caso de ganar su curul en la nueva Asamblea Nacional:
- Elevar el porcentaje dentro del presupuesto nacional (actualmente el 1%) para el control y prevención del delito a un porcentaje cercano al 10% que garantice la operatividad de las policías nacionales, estatales y locales como a su vez salarios competitivos para las oficiales de policía.
- Trasladar las funciones de custodia de las prisiones de Venezuela a manos civiles para acabar con la corrupción que genera la GNB en estos recintos.
- Eliminar la participación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en labores de seguridad ciudadana que juegan al detrimento de las policías civiles y constituye práctica perversa de los gobiernos militares.
- Exigir al sistema de justicia disminuir los índices de impunidad que actualmente registran en delitos graves, cercano al 95% en homicidios y secuestros.
- Revisar el Código Orgánico Procesal Penal para aumentar los beneficios procesales y disminuir el retardo procesal.
- Revisar el Código Orgánico Penal para disminuir el número de tipificaciones delictivas y disminuir las penas en delitos no violentos para focalizarlo a los delitos violentos que afectan directamente a los individuos.
- Instar al ejecutivo nacional a promover una política más agresiva de desarme de la población.
- Monitorear cercanamente los arsenales Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para que las armas de guerra cesen de llegar a manos de grupos delincuenciales.
- Revisar leyes de corte criminógenas que dejan a los ciudadanos sin otra opción que violar las leyes.
- Revisar la ley contra la Delincuencia Organizada y el Terrorismo para que cese de ser utilizada como instrumento sancionador de la disidencia política.
- Promover leyes enfocadas a la prevención de la violencia y la asistencia a las víctimas de la delincuencia.
Estas son algunas de las muchas iniciativas que se pueden promover a través de una nueva Asamblea Nacional. Debemos trabajar sin descanso para lograr obtener una voluntad política fuerte sobre estos temas que nos afectan a todos. Argumentar que la criminalidad es más una percepción que una realidad, no la hará desaparecer. La asignación de recursos adecuados a la magnitud de la tarea que tenemos que hacer en esta área y asumir políticas que se han comprobado que funcionan, serían los pasos adecuados para revertir la situación actual.
Estamos convencidos que nos sobran razones para votar en las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, y además mucho que lograr para poder reducir las tasas de criminalidad en Venezuela. Este no es un problema nuevo, el presidente Chávez llegó al poder sobre una plataforma de lucha contra la corrupción y la criminalidad en 1999. Quince años más tarde, la corrupción y la delincuencia operan concertadamente con el gobierno socialista que él creó.
