Escrito por Unidad Investigativa sobre Venezuela Lunes, 11 Septiembre 2017
En mayo de 2011, el líder de 26 años de edad de una pandilla carcelaria dejó en jaque por varias semanas a 4.000 miembros de las fuerzas de seguridad venezolana, respaldados por tanques y helicópteros. Aquella humillación a nivel nacional e internacional llevó al entonces presidente Hugo Chávez a asumir una posición diferente, pero que resultó desastrosa, frente al sistema penitenciario.
Con más de 4.700 presos, en el año 2011 la cárcel de El Rodeo era una de las más grandes del país. Los disturbios en mayo de ese año comenzaron como una riña entre pandillas carcelarias rivales. Los líderes de las pandillas, conocidos como los «pranes» de Rodeo II, destronaron a un pran de Rodeo I, las instalaciones vecinas. Se trataba entonces de un cambio de «carro», como se denomina a la estructura de gobierno criminal en las cárceles. Pero aquel no fue un simple motín con patadas y palizas; se trataba más bien de una verdadera batalla con armas automáticas y semiautomáticas.
Las autoridades penitenciarias pidieron refuerzos. En total, 3.000 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 400 paracaidistas y un contingente de la policía militar fueron desplegados en el caluroso estado de Miranda, a sólo 40 kilómetros al este de Caracas. El 17 de junio los soldados atacaron. Esto desató una batalla. Cuatro presos murieron y varios soldados resultaron heridos. El ejército logró tomar el control de Rodeo I, el edificio más cercano a la carretera principal. La devastación de las instalaciones penitenciarias parecía sacada del centro de Alepo.
Al interior de Rodeo I, las autoridades encontraron 20 pistolas semiautomáticas, 7 rifles de asalto, 5 escopetas, 8 granadas, 5.000 balas, 45 kilos de cocaína y 12 kilos de marihuana.
Rodeo II —el bloque detrás de Rodeo I donde hay más de 1.200 presos— resultó ser mucho más difícil de controlar. Allí los presos estaban mejor organizados bajo la dirección de su pran, un hombre llamado Yorvis Valentín López Cortez, alias «Oriente», de sólo 26 años de edad. Las autoridades temían que continuara una batalla sin cuartel. Para entonces los medios de comunicación ya habían llegado y las cámaras mostraban los enfrentamientos desde todos los ángulos.
Las negociaciones con los presos de Rodeo II comenzaron el 21 de junio. Oriente hablaría en representación de los presos. el gobierno envió al pastor evangélico José Argenis Sánchez (quien antes se dedicaba a vender autos de segunda), acompañado de Ronald Gregorio García Tesara, alias «Satanás», miembro de «La Piedrita», uno de los grupos patrocinados por el Estado que actuaban como brigadas de choque del régimen chavista. Se suponía que este par de agentes, «uno bueno y otro malo», haría a los presos entrar en razón. El agua y la electricidad de la prisión habían sido cortadas. El calor era insoportable. Después de dos días de conversaciones, lo único que las autoridades lograron obtener de los presos fueron cuatro cadáveres putrefactos que sacaron de la prisión. No se sabía exactamente qué era lo que querían; de lo que no había duda era de su tono agresivo.
«Nos engañan con líderes evangélicos que no conocemos. Nosotros no vamos a hablar con gente que no nos genere confianza. Esta es una guerra y vamos a luchar”, decía Oriente.
Al gobierno le tomó 27 días restablecer el control de El Rodeo. Las cifras oficiales hablan de 23 muertos y 70 heridos —pero la realidad es quizá hayan sido muchos más—. Sólo se logró tomar control de la prisión después de que Oriente escapó, tal vez logró cruzar la malla de acero que rodea la prisión. Según algunos rumores, el entonces ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, quien actualmente es el vicepresidente del país, llegó a un trato para dejar a Oriente en libertad a cambio de que pusieran fin a los enfrentamientos. También hubo denuncias de que la GNB se retiró por órdenes de sus superiores. Oriente fue recapturado posteriormente, pero luego escapó de otra prisión en diciembre de 2016.
El poder entregado a los reclusos
Avergonzado por el caos y la amplia cobertura de los medios de comunicación, Chávez anunció una investigación exhaustiva y una transformación del sistema penitenciario. Dos funcionarios de prisiones fueron arrestados, entre ellos el director de El Rodeo II, así como un capitán de la GNB responsable de la seguridad de la prisión. Se descubrió que las armas en manos de los reclusos ingresaron a la cárcel mediante el pago de un «peaje» a los funcionarios. Como con todo lo que entraba a la prisión, se había establecido un sistema de impuestos: US$2.300 por un rifle de asalto, US$70 por una pistola y US$45 por una granada.
El entonces vicepresidente Elías Jaua se comprometió a tomar medidas contra el sistema de pranes.
«Vamos a ir a fondo. La revolución no va a dejarse chantajear por estas mafias. Nosotros vamos a recuperar el pleno ejercicio del gobierno en los penales del país”, sostenía.
Pero el gobierno hizo precisamente todo lo contrario.
El 26 de julio de 2011 se conformó el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. La primera ministra de este despacho fue una política, representante de la Asamblea Nacional. Iris Varela, conocida como la «Comandante Fosforito», tenía poca experiencia en el tema de prisiones, pero poseía las condiciones que el presidente requería: era una fervorosa política leal al chavismo,
El nuevo ministerio se presentó como una continuación de la política establecida por Chávez en la Constitución de 1999. El Artículo 272 de la Constitución se refería específicamente a las prisiones. Sus primeras palabras dicen: «El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos».
Carlos Nieto, abogado director de la ONG Una Ventana a la Libertad, un observatorio de las prisiones, ayudó a elaborar dicha sección de la Constitución.
«Nos parecía increíble que lo que nosotros estábamos planteando se fuera a incluir en la Constitución” le dijo Nieto a InSight Crime, mientras nos tomábamos un café en Caracas. «El gobierno insistía en que se incluyera. Claro que en ese entonces no teníamos ni idea de que nada de eso llegaría a ser implementado».
El presidente Chávez reiteró la noción de las cárceles como centros de rehabilitación, cuando anunció el nuevo ministerio diciendo: «Hay que convertir a la cárcel en un centro de formación del hombre nuevo, que salga transformado, capacitado para la vida, para el amor».
Pero Varela tenía una tarea titánica. La infraestructura de las cárceles se estaba derrumbando, el hacinamiento estaba en niveles epidémicos, los guardias y administradores recibían malos salarios y eran vulnerables a los intereses criminales y a la intimidación, y en los penales campeaban la criminalidad y la corrupción, como lo había dejado claro el motín de El Rodeo.
Actualmente no se dispone de datos fiables sobre la población carcelaria. Las últimas cifras confiables que pudimos encontrar datan de 2015, cuando había 49.644 presos (46.883 hombres y 2.761 mujeres) apiñados en 35 prisiones construidas para 19.000 reclusos; el 63 por ciento de los presos aún no habían sido condenados.
A estas cifras se suman las de otros 33.000 detenidos que se estima hay actualmente en celdas policiales, construidas para albergar 5.000 personas. Las condiciones en las celdas de la policía son peores que las de las cárceles. Dichas instalaciones fueron diseñadas como celdas temporales para mantener a los presos durante la noche hasta que pudieran comparecer ante un juez. Pero están tan atiborradas que los presos tienen que turnarse para dormir en el suelo. La policía no tiene recursos para proveerles alimentos. Y lo que es peor aún: los guardias les cobran a los familiares de los presos para permitirles dejar alimentos a los detenidos.Otros cientos de prisioneros, especialmente los que han sido detenidos en las protestas políticas, son llevados al emblemático edificio de El Helicoide, sede de la temida policía secreta, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Muchos más han tenido que esperar, ya sea en la cárcel o en una celda de la policía, durante incluso más de dos años hasta recibir una condena.[9] O hasta que se determine que son inocentes.
El sistema penitenciario de Venezuela es además uno de los más violentos del mundo; entre 1999, año en el que Chávez asumió la presidencia, y 2014, se registraron 6.472 asesinatos. En el primer semestre de 2015, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) contabilizó 109 muertos y 16.417 heridos.
Varela tenía una tarea casi imposible. Se le pidió que eliminara los motines en las prisiones, que disminuyera los homicidios dentro del sistema penitenciario, y que no aparecieran más noticias negativas en los medios de comunicación. Ante todos estos retos, y con recursos limitados, Varela adoptó una nueva política para cumplir con su misión: se hizo cercana de los pranes más importantes y comenzó a hacer tratos con ellos. Lo que querían, y que finalmente consiguieron, era el poder dentro de las prisiones. Obtuvieron el control de todo lo que pasaba en su interior. A cambio, nada debía salir de las paredes de las cárceles, ni llegar a los medios de comunicación. Se trataba de una Pax Mafiosa que más tarde tendría profundas consecuencias.
