(Caracas, Venezuela) – Los procedimientos del Sebin, la GNB, el Cicpc y la PNB en el marco de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) no han contenido el auge delictivo en sectores populares y, por el contrario, han favorecido los atropellos en zonas donde las megabandas se han fortalecido, asegura el director del Observatorio Venezolano del Delito Organizado, Luis Cedeño.
“Las fuerzas que incursionan en las comunidades no están capacitadas en derechos humanos y han incurrido en abusos”, afirma el experto, según El Nacional.
De acuerdo con el diario, fuentes policiales afirman que en la Cota 905, Ocumare del Tuy y los municipios Acevedo y Andrés Bello, en Barlovento, consideradas zonas de paz y donde las bandas han impuesto un toque de queda, los delitos no han mermado en el último año. Solo en la Cota 905 los cuerpos de seguridad reportan 2 asesinatos y 7 secuestros semanales, así como 10 casos de robo y hurto de vehículos.
CUATRO HOMICIDIOS SEMANALES EN BARLOVENTO
En Barlovento manejan un promedio de 4 homicidios semanales y 10 denuncias de plagio. En Ocumare del Tuy ocurren hasta 6 muertes violentas a la semana y operan 15 organizaciones delictivas, la mayoría integradas por más de 15 hombres, según reportes.
Además, la mayoría de los integrantes de las organizaciones delictivas no han sido detenidos. “Hemos detectado que son informados previamente sobre estos procedimientos y se esconden en hoteles o en otras comunidades. De las 17.000 personas que fueron capturadas en las tomas, durante los primeros 5 meses del operativo, solo 1.600 pasaron a tribunales lo que significa que más de 15.000 resultaron inocentes de los delitos que les atribuían”, indicó el directivo de la ONG Provea, Rafael Uzcátegui.
En su reciente informe anual sobre Derechos Humanos en Venezuela Provea documentó cifras y denuncias sobre detenciones y deportaciones arbitrarias, las llamadas ejecuciones extrajudiciales y desalojos de los complejos habitacionales de la Misión Vivienda, así como destrucción de casas como parte de las OLP.
“Estamos actualizando la data de este año y hemos querido que representantes de la CIDH viajen a Venezuela para que constaten los casos, pero se requiere la autorización del gobierno y se ha negado”, dijo Uzcátegui.
Este año Provea ha documentado 14 denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales en esos procedimientos.
Fuente: Sumarium
