En esta serie de dos partes, el periodista venezolano Javier Mayorca le da una mirada a la evolución del crimen organizado en Venezuela, desde sus primeras manifestaciones de corrupción y contrabando oficial durante la época de la Colonia y los vínculos italianos en el país, hasta alcanzar su apogeo con la llegada al poder del teniente coronel Hugo Chávez, el papel de los grupos colombianos, y las violentas mutaciones de esta delincuencia en la Venezuela de Nicolás Maduro.
¿Cómo llegó el crimen organizado a desarrollarse tanto en Venezuela?
Antes de responder esa pregunta, necesitamos describir los antecedentes y referirnos al contexto venezolano. Empecemos por ahí.
Esta es la primera publicación en una serie de dos artículos por Javier Mayorca que exploran la evolución del crimen organizado en Venezuela.
El jueves 4 de febrero, mientras el Gobierno conmemoraba un año más del fallido golpe de Estado que lideró el teniente coronel Hugo Chávez en 1992, habitantes y dueños de comercios en Maracay (capital del estado Aragua, al norte del país) y Tumeremo (en el estado Bolívar) abandonaron las calles y cerraron las puertas de sus locales. Pero no para participar en los actos oficialistas, sino para resguardarse de las amenazas de las bandas criminales.
En el norte de la ciudad aragüeña, individuos armados iban en motocicletas, manifestando su descontento por la muerte de un miembro de la banda La Pedrera. Durante la víspera, los antisociales distribuyeron panfletos para advertir a la población “de las consecuencias que puedan ocurrir si hacen ejercer su función de a diario”.
En Tumeremo, la alerta corrió de boca en boca, pero tuvo el mismo efecto aterrorizante. Allí, una banda reaccionó con ira ante la detención de once integrantes, quienes supuestamente le cobraban extorsiones a un ganadero.
Así es Venezuela en la época de las llamadas “megabandas”, como las denominó en julio de 2015 el Observatorio de Delito Organizado, una organización no gubernamental que identificó en un primer reporte doce grupos que por su magnitud podrían entrar en esta categoría.
Este término no figuraba hace dos años en el léxico de los estudiosos de la materia —una señal de lo rápido que ha cambiado el entorno criminal en la nación suramericana—.
El concepto de delincuencia organizada, tal y como lo conocemos hoy en día, es relativamente nuevo. El director fundador del FBI, John Edgar Hoover, admitía la existencia de bandas en Estados Unidos, pero no con el grado de estructuración que tenía la Cosa Nostra italiana. Tuvieron que ocurrir los episodios de la reunión en Apalachim y las confesiones de Joe Valacchi para que comenzara a cambiar a regañadientes la actitud sobre el tema.
En Venezuela ocurría algo similar. La policía judicial, formada con importantes influencias de los cuerpos de investigación franceses y estadounidenses, operaba bajo el imperio de la evidencia tangible, y rara vez profundizaba en torno a los vínculos asociativos que podrían develar la existencia de conspiraciones criminales más profundas y prolongadas.
Hasta 2005, el concepto de delincuencia organizada se limitó al denominado agavillamiento, previsto y sancionado en el Código Penal. El país, desde luego, era signatario de la Convención de Palermo 2000, pero no había elaborado ninguna ley nacional para adaptar los postulados de este tratado marco.
Los abogados puristas, por lo tanto, descartarían la existencia del crimen organizado antes de 2005, o en todo caso antes de la ratificación de la convención de la ONU sobre la materia. ¿Cómo hablar de crimen organizado como delito si no hay una ley que tipifique sus conductas antijurídicas y les imponga una pena? Aunque la pregunta no está exenta de razón, sabemos que las leyes generalmente llegan tarde para regular prácticas que ya están instaladas en las sociedades.
El crimen organizado en la Colonia
En el caso del crimen organizado, algunas de sus manifestaciones datan desde la misma Colonia. La piratería, el contrabando y la trata de personas figuraban en el menú de los traficantes que operaban a lo largo de todas las costas. Las dos primeras eran ilegales según las normas vigentes para la época, mientras que la última era una práctica comúnmente aceptada hasta mediados del siglo XIX, cuando fue abolida la esclavitud.
Durante la Colonia, el imperio español intentó sin éxito controlar el contrabando mediante la creación de instituciones regulatorias. En 1728, la Corona concedió a la Compañía Guipuzcoana los privilegios para llevar a cabo todas las operaciones de comercio exterior de la Provincia de Caracas. Esto implicaba no sólo ejercer el monopolio de las importaciones y exportaciones, así como el cobro de los impuestos correspondientes, sino también perseguir a todos los que intentaran eludir tales controles.
La oposición a la Compañía vino de los propios comerciantes y del Ayuntamiento caraqueño, que dejaron a los barcos de la entidad sin negocios por más de dos años, mientras que las líneas comerciales se desarrollaban por canales alternos. Los agentes de Guipuzcoana también entraron en conflicto con la Compañía de los Ingleses, a la que se le había concedido el permiso de exclusividad para la importación de mano de obra esclava. A propósito de esa actividad, los británicos también aprovechaban para introducir en el territorio todo tipo de mercaderías.
Los controles al comercio ocasionaron corruptelas y la escasez de productos básicos en la provincia. Este patrón ha sido recurrente en la historia del país.
En 1818, en plena guerra de independencia, Simón Bolívar emitió un decreto en el que reconocía la ineficacia de los mecanismos heredados del régimen español para controlar el paso ilegal de mercancías. Bolívar optó por abrir a cualquier ciudadano, venezolano o extranjero, la posibilidad de denunciar y perseguir el contrabando, y de quedarse con parte del valor de los bienes decomisados. Este fue el origen de las llamadas “obvenciones”, vigentes hasta hoy en día. La decisión establecía además que todo el proceso judicial siguiente al decomiso no duraría más de 45 días, incluido el lapso de apelaciones.
Este sistema tampoco tuvo mayor eficacia. Según Francisco Herrera Luque, en su novela histórica Los amos del Valle, las grandes fortunas de la época independentista y de los años posteriores fueron acumuladas en el país sobre la base del contrabando.
Desde aquellos días hasta el siglo XX, el contrabando estuvo asociado a la idea de la importación o extracción de productos prohibidos, o a la evasión del pago de los debidos aranceles. Sin embargo, en virtud de las distorsiones impuestas por un complicado sistema de controles, y de la destrucción del aparato productivo nacional, durante los últimos años en Venezuela se ha puesto énfasis en el llamado “contrabando de extracción”, una figura que era poco mencionada hace apenas 25 años.
Carlo Lucania y “los italianos”
Luego de la guerra independentista, se planteó la necesidad de repoblar el territorio. José Antonio Páez comisionó al geógrafo Agustín Codazzi para que buscara una locación que fuese atractiva para los pobladores de Europa Central. Encontró en Aragua una zona de selva húmeda donde se asentarían inmigrantes procedentes de Baden y poblaciones del reino de los Países Bajos. Como las tierras pertenecían a Martín Tovar, el lugar fue llamado Colonia Tovar a partir de 1843.
En otras zonas de Aragua más cercanas a la capital Maracay, así como en Guayana y Caracas, se ubicarían desde mediados del siglo XIX los primeros inmigrantes del territorio europeo que a partir de 1862 sería conocido como Italia. A ellos se atribuye la fundación del pueblo de Araira, en el estado Miranda.
Desde mediados del siglo XX, los italianos y sus descendientes se contaban entre las colonias más numerosas del país, con aproximadamente dos millones de personas. Esta situación fue aprovechada por los grupos de delincuencia organizada que operaban en Sicilia y Nápoles (la Cosa Nostra y la Camorra, respectivamente) para enviar a representantes y asociados, que se mimetizarían por completo en la comunidad local.
Venezuela siempre fue territorio apetecido por el crimen organizado de Italia.
Venezuela siempre fue territorio apetecido por el crimen organizado de Italia. El gobierno de ese país europeo reconoció esta situación cuando decidió asentar en Caracas una de las veinte oficinas que tendría en todo el mundo para investigar el problema del tráfico de drogas.
Los primeros indicios comenzaron a llegar cuando el máximo jefe de la Cosa Nostra americana, Carlo Lucania, mejor conocido como Charles Lucky Luciano, viajó dos veces al país suramericano durante los años posteriores a su expulsión de Estados Unidos, en 1947. Luciano quería expandir operaciones hacia la pujante economía de una nación que ya figuraba entre las principales productoras de petróleo del mundo. Fue a Venezuela y a Brasil, usando una visa cubana. La misma ruta que probablemente siguió 45 años después el primer gran arrepentido de la Cosa Nostra siciliana, Tommaso Buscetta, para alejarse de la guerra que la facción de los corleoneses adelantaba contra su familia en Sicilia.
Los italianos se insertaron en la economía venezolana de múltiples formas: en la construcción y la banca, en el turismo y los servicios. La gran mayoría eran personas trabajadoras que acataban las leyes. Venezuela fue, durante la segunda mitad del siglo XX, un país con sólidas conexiones internacionales, un parque aéreo que llegó a tener más de 5000 naves de uso civil, cruzado por vías de comunicación terrestres y corredores fluviales.
Fuente: Insight Crime
