El sociólogo y director de la ONG Paz Activa, Luis Cedeño, asegura que las bandas delictivas en las principales barriadas, así como las megabandas, son estructuras delictivas de cierta importancia económica y la aprovechan para ejercer un control social dentro de las comunidades más vulnerables.
Sostiene que la crisis producida por el COVID-19 en el país ha hecho que se activen múltiples frentes de “solidaridad” en los sectores de mayor vulnerabilidad. Por esto, no es de extrañar que las bandas delictivas aprovechara la coyuntura.
“Uno de esos frente se abre en estas organizaciones delictivas que hacen vida en estas comunidades, y que las reconoce como una autoridad frente a la ausencia de la autoridad formal del Estado”, añade.
Cedeño señala que acciones emprendidas como las de “El Coqui”, no son extrañas para los habitantes de los sectores con poblaciones vulnerables, debido a que la ley y los códigos de lo que se puede o no se puede hacer son dictados por estas megabandas que lideran entre otros “El Galvis” y “El Vampi”, que se establecieron como centro de la organización y tienen un liderazgo carismático.
“El apropiamiento del espacio empezó justamente con la zona de paz, y esa negociación que llegó al Estado para disminuir los homicidios; las bandas empieza a tener un pie en las comunidades y tras el retiro del Estado, son reconocidas por los habitantes como las únicas autoridades del sector”, detalló.
Las estadísticas delictivas presentan una tendencia incremental desde el año 1999 y las políticas públicas que ha diseñado el Estado venezolano para contener la situación parecieran ser poco contundentes pues no han logrado detener ni revertir dicha tendencia al aumento.
Desde hace varios años, Venezuela atraviesa por una de sus etapas más críticas en cuanto al tema de la seguridad ciudadana, múltiples han sido los planes generados desde el gobierno central para hacer frente a esta problemática y buscar dar respuestas a la población, sin embargo la mayoría de estos planes padecen de una dolencia fundamental: la falta de contextualización de los proyectos.
Frente a niveles crecientes de tensión económica y conflictividad social, se busca a través de diversas formas de participación ciudadana generar propuestas locales y nacionales que coadyuven a frenar y disminuir los factores de riesgo que promueven los altos índices de inseguridad en los estados donde trabajamos.
En el caso de Venezuela, estamos pasando por una etapa bastante complicada en materia de seguridad ciudadana, somos el país con más homicidios en el mundo y en el caso de Caracas la ciudad más violenta del mundo.
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Datos
En 2019 registró casi 57 homicidios intencionados por cada 100.000 habitantes, según el Estudio Mundial sobre el Homicidio
publicado por Naciones Unidas en Viena.
Por detrás de Venezuela se sitúa a mucha distancia en esta lista Brasil, que registró una tasa de 30,5. En todo el continente americano, solo El Salvador tiene una tasa de homicidios más alta, de 62,1.
Según el estudio elaborado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Venezuela experimentó entre 1991 y 2017 «el incremento más dramático» de muertes violentas de toda América, al pasar de 13 a 56,8 homicidios por cada 100.000 habitantes.
