Al confirmarse la masacre de los 28 mineros desaparecidos en el estado Bolívar, estaríamos frente a crímenes de lesa humanidad. Las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales no son hechos nuevos para las comunidades mineras del sur del país, sin embargo, la magnitud de esta masacre y la presunta participación de cuerpos de seguridad del Estado, son elementos que diferencian este caso, a juicio de cuatro organizaciones no gubernamentales de defensa de derechos humanos consultadas por Runrun.es.
“Las denuncias de algunas personas que se hacen llamar sobrevivientes describen una masacre de trabajadores de la minería; esa situación no es nueva, lo que evidencia cómo el Estado ha cedido espacio para que se establezcan mafias y grupos delictivos”, dijo Rendón.
Lexis Rendón, coordinadora de la ONG Laboratorio de Paz, resalta una irregularidad en el manejo oficial de la denuncia: “Es una irresponsabilidad del gobernador del estado Bolívar haber desestimado las denuncias de los familiares de los mineros desaparecidos; mientras ellos no aparezcan, todas las organizaciones de defensa de derechos humanos estaremos demandando respuestas; pero mientras más tiempo corra, habrá más espacio para la impunidad”.
La coordinadora del Laboratorio de Paz explica que la ausencia de una denuncia formal no impide que se abra una investigación. “Hay un hecho público y notorio: una comunidad entera denunciando la desaparición de sus familiares; eso obliga al Estado a abrir una investigación de oficio; sí tiene que haber una denuncia formal, pero su ausencia no es una limitación para abrir la investigación. La Defensoría sabe que desde el mismo momento en que la comunidad denuncia esta desaparición, debe investigar para ofrecer respuestas”.
Las 3 características de la masacre
Tres características destacan del caso de la presunta masacre de los 28 mineros en Tumeremo: la magnitud, el comportamiento de las autoridades y el tipo de crimen, explica Liliana Ortega, directora de Cofavic. “Si esos casos se comprueban, estamos hablando de presuntas desapariciones forzadas de personas, de presuntas ejecuciones extrajudiciales, y de presuntos casos de tortura, es decir, los casos más graves que establece el derecho internacional, los denominados crímenes de lesa humanidad”.
Ortega aclara que hasta que los hechos se investiguen, sus impresiones se basan exclusivamente en la información que han aportado los familiares de las presuntas víctimas a través de los medios de comunicación. “Sobre este caso en particular, únicamente podemos hablar con base en la información que se ha hecho pública; pero sí es importante conocer el contexto más amplio: en Venezuela, entre 2000-2008, de acuerdo con cifras oficiales del Ministerio Público (MP), se evidenció que el promedio de presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales asciende a 1.044 casos por año; la cifra más alta de América Latina”.
El culpable habitual: “presuntos enfrentamientos”
Cofavic realizó un monitoreo independiente en 23 estados del país, en el cual contabilizó 1.107 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos en 2014. Del total de los casos registrados, 92% corresponde a presuntas ejecuciones extrajudiciales, mientras que 7,8% a presuntas torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes; 0,2% de la muestra se refiere a casos de desaparición forzada.
Ortega ofrece otro dato: 99% de los casos de violaciones de derechos humanos no llega a juicio. “La línea de investigación del MP en los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales es muy pobre; generalmente se conforma con la versión oficial de presuntos enfrentamiento”.
La directora de Cofavic lamentó que en la mayoría de los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, el MP no aplique un estándar internacional conocido como el Protocolo de Minnesota, el cual está diseñado específicamente para poder determinar si se está o no frente a ejecuciones extrajudiciales.
Entre los criterios que aplica este Protocolo están determinar cómo se produjeron los disparos para saber si las víctimas fueron asesinadas bajo custodia; y determinar si hay evidencias de tortura.
Justamente con relación a este aspecto, Ortega destaca que “uno de los problemas principales que encontramos en nuestra estadística, es que en 47% de los casos podrían tener presunta participación, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Eso genera un problema muy serio de falta de independencia, porque ese es el organismo que tiene el control del sitio del suceso, del cadáver, y de la investigación inicial de los hechos. En Venezuela, es muy difícil que un funcionario que presuntamente haya participado en una violación de derechos humanos, pueda ser investigado de manera autónoma”.
Delito organizado y violación de derechos humanos
El representante de la organización Paz Activa, Luis Cedeño, señala que si se confirman los hechos y la participación de grupos de seguridad del Estado que presuntamente estarían involucrados, “estaríamos en presencia de delito organizado, ya que el interés económico en la zona es muy grande, vinculado con serias violaciones de derechos humanos”.
“Si hubo involucramiento de funcionarios del Estado que trabajaron en conjunto con bandas criminales, estos serían culpables no solo de cargos criminales, sino de violación de derechos humanos. Repito, si se llega a comprobar que hubo participación de algún cuerpo de seguridad del Estado o de algún funcionario electo, para asesinar y desaparecer a una persona, se trataría de una violación de derechos humanos; delitos de lesa humanidad que no prescriben”, argumenta Cedeño.
“Hay que eliminar el patrón de impunidad que caracteriza al Estado, el cual da pie a que hechos de este tipo se repitan; lo mínimo que los ciudadanos esperan del Estado es que proteja el derecho a la vida. Lamentablemente, más allá de la estadística de 99% de impunidad, lo que esa palabra significa es que aquellos que matan hoy, podrán seguir matando mañana”, asevera Cedeño.
