La conjunción de secuestros y tráfico de drogas ha hecho que las bandas del eje Cota 905-Cementerio muestren una fuerza nunca vista en los grupos criminales en el Distrito Capital
En la entrega anterior se explicó en términos generales cómo fue la proliferación durante 2015 de las llamadas “megabandas” en todo el país. En el texto, desde luego, no se podía pasar por alto la situación insólita que se ha visto en el eje Cota 905-Cementerio. En las líneas que siguen se tratará este fenómeno con mayor profundidad.
Tanto en la Cota 905 como en El Cementerio existían desde hace mucho tiempo grupos criminales, dedicados especialmente al robo y hurto de vehículos. Esto hace de El Paraíso una de las parroquias que ha tenido las tasas más elevadas de estos delitos, junto a la parroquia Sucre del municipio Libertador y Petare. Había además rateros que solían frecuentar el área comercial del bulevar y el mercado de mayoristas.
Alrededor de 2010 fueron reportados casos esporádicos de secuestros y posteriores homicidios de personas que iban a hacer compras de grandes cantidades de ropa, con la intención de distribuirlas posteriormente en ciudades del oriente del país. Estos casos fueron atendidos en su oportunidad por las divisiones Antiextorsión y Secuestros y Contra Robos de la policía judicial. Allí residían u operaban Joel Toro, alias Niño del Plan, y Claudio Giménez, apodado Buñuelo. Para ese año ambos figuraban en las listas de “los más buscados” que ocasionalmente elabora la policía de investigación.
A partir de 2013, sin embargo, algo cambió la dinámica de los grupos criminales. Los periodistas comenzaron a recibir informaciones sobre la constitución de redes de extorsión que afectaban primordialmente a los empresarios del área comercial de Cementerio y a los transportistas de rutas troncales, es decir, los que brindan un servicio hacia los barrios ubicados en las partes altas. Los afectados, sin embargo, estaban presos en la dinámica perniciosa de la extorsión, y nunca concretaron sus planes de hacer un paro cívico para llamar la atención de las autoridades. Había además la percepción de que las propias policías (en especial PoliCaracas y PoliNacional) se beneficiaban de alguna manera de todo este mercado ilegal de protección. Los extorsionadores llegaron a aplicar procedimientos similares a los del “boleteo” fronterizo. Algunos comerciantes decidieron irse a otras partes, otros continuaron pagando, y probablemente aún lo hacen. En aquel entonces, las cuotas podían variar desde los cinco mil bolívares mensuales para los transportistas hasta treinta mil bolívares para los dueños de comercios.
En 2014 las bandas pasaron a una nueva etapa en su desarrollo, gracias a los secuestros breves o express. Algunas víctimas relataron a las autoridades que eran ocultadas en improvisados inmuebles cercanos al sector conocido como La Chivera, que está en la vía principal. Desde las alturas, los antisociales podían supervisar todos los movimientos, y conocer cuándo los rescates eran depositados, por ejemplo, en los restos de algún vehículo desguasado.
Toda esta actividad criminal discurría a escaso medio kilómetro de la sede central de la Policía del Municipio Libertador y de un cuartel de la Policía Nacional Bolivariana. Pero en general las partes altas de estos barrios, que es donde están sus líderes y los lugartenientes, son zonas tradicionalmente abandonadas por el Estado.
El flujo de dinero derivado de los secuestros y extorsiones (también asociadas al robo y hurto de vehículos) tuvo dos efectos inmediatos: por una parte, incrementó el poder adquisitivo de las organizaciones. Mejoraron el armamento hasta incorporar fusiles de asalto, granadas y dispositivos para lanzarlas. Igualmente dotaron a los gariteros o “halcones” (como los llaman en México) con larga vistas y aparatos de radiocomunicación.
La Cota 905, escenario de 3 OLP en 2015
Cuando se hizo la primera Operación para la Liberación del Pueblo en la Cota 905, en agosto del año pasado, la policía judicial manejaba informaciones sobre la existencia de tres grandes bandas, con mandos centralizados y estructuras piramidales. La más grande era liderada por alias Coqui. Otra organización la conducía Buñuelo, el mismo que habían detenido en 2011 e inexplicablemente estaba otra vez en las calles.
En esa redada murieron por lo menos doce personas. Pero las bandas, lejos de ser desmanteladas, cobraron mucha más fuerza en las semanas posteriores. Indicio de esto es que acto seguido mataron a por lo menos tres personas que eran vistas como delatoras o “patriotas cooperantes”. En el resto del año se hicieron en la Cota 905 otras dos redadas, así como operaciones en otras partes que han finalizado con la muerte de grupos de supuestos antisociales radicados en ese sector. Han sido en total 36 fallecidos.
Hasta la última semana de diciembre, sin embargo, las bandas de la Cota 905 continuaban secuestrando y robando vehículos. Un cálculo de Antiextorsión de CICPC atribuía en noviembre 58 plagios a las bandas del sector. ¿Cómo era esto posible? Los testimonios de personas secuestradas indican que el afán de obtener dólares proviene de la incursión de estos grupos en el tráfico de drogas a gran escala en el oeste de la ciudad. La marihuana, y especialmente la cocaína no se comercian en bolívares. Es un mercado que se mueve en divisa estadounidense, desde que los paquetes entran por la frontera. Por cada 2500 dólares pagados en rescate por una persona o por la devolución de un vehículo, los grupos pueden adquirir un kilo de alcaloide de alta pureza. Una vez distribuidos en las calles de la capital pueden obtener el equivalente a 7500 dólares. El negocio es redondo. Testimonios de personas que han permanecido cautivas en ese sector revelan además que algunos integrantes de la cúpula de estas bandas también consumen el producto que venden. Esto los hace cometer errores e incrementa la posibilidad de conductas violentas, especialmente cuando están afectados por la resaca.
A pesar de la merma en su pie de fuerza, o quizá debido a eso, las bandas de la Cota 905 y Cementerio han entrado en una fase de atomización. Un negociador de secuestros indicó que diversos grupos han salido a secuestrar desde allí en terrenos donde antes no incursionaban, como La Trinidad o San Román. Luego, piden la colaboración de las bandas de las que surgieron, especialmente en la fase de custodia del rehén, y por eso pagan una parte del dinero obtenido en rescate.
Estamos, entonces, ante una nueva generación de empresarios del crimen.
