Uno de los principales problemas que conlleva la presencia del delito organizado en cualquier país es aquél peligro constante y latente de infección hacia las estructuras e instituciones oficiales.
Según datos del Monitor de Delito Organizado, habiéndose registrado una disminución del 23,4% en casos de delito organizado perpetrados por funcionarios de organismos oficiales con respecto al mismo período del año anterior, fueron precisamente las instituciones encargadas de hacer frente a este tipo de de flagelo, a saber, los organismos de seguridad, aquellos implicados en más casos de delito organizado.
En tal sentido, fueron los cuerpos policiales (41%), especialmente el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) y componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (18%), encabezadas por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), aquellos organismos cuyos funcionarios se vieran implicados en el 59% de las apariciones en casos de delito organizado con vinculación de los presuntos criminales con organismos oficiales. Merece especial mención, además, el hecho de que según este informe sean delitos violentos, tales como el secuestro y la extorsión, aquellos perpetrados por funcionarios de organismos de seguridad.
Empresas del estado, con PDVSA y sus filiales a la cabeza, e instituciones de registro e identidad, dentro de las cuales destacó el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), participarían respectivamente en otro 15% de dicha muestra, siendo todos casos de corrupción, mientras el porcentaje restante correspondería a la participación en delitos de ciertas instituciones de justicia, de salud, de gobierno (Alcaldía), de prevención (Protección Civil) y económicas, como la SUNDDE.
